Certificación EMAS

No hay un plazo único: depende de si tu organización ya tiene ISO 14001 (el salto es más rápido) o parte de cero. Lo que sí fija la normativa son los plazos administrativos: el organismo competente autonómico debe resolver la solicitud de registro en 3 meses, con silencio administrativo positivo transcurrido ese plazo (RD 239/2013); y el verificador valida la información actualizada a intervalos de doce meses como máximo, con una renovación completa cada tres años como mínimo (arts. 6 y 19 del Reglamento 1221/2009).

Ambos comparten en gran medida la misma base técnica —EMAS incorporó la revisión ISO 14001:2015 mediante el Reglamento (UE) 2017/1505—, pero EMAS añade tres requisitos que la ISO 14001 no exige: una declaración ambiental verificada y pública, la participación activa del personal, y el registro oficial ante la Administración. En síntesis: EMAS = ISO 14001 + declaración ambiental verificada + registro público.

Dos terceros independientes, ninguno de ellos Summum Calidad. La verificación y validación de la declaración ambiental corresponde a un verificador medioambiental acreditado por ENAC (el listado de entidades acreditadas lo publica ENAC). El registro final lo resuelve el organismo competente designado por cada comunidad autónoma (en Castilla y León gestiona el trámite el Servicio de Evaluación Ambiental y resuelve la Dirección General de Política Ambiental; en Canarias, la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía). Summum acompaña la implantación y la preparación; no verifica ni registra.

Es el documento público y verificado que exige el Reglamento 1221/2009, con contenido actualizado por el Reglamento (UE) 2018/2026: describe la organización, su política y sistema de gestión ambiental, y presenta los indicadores clave de comportamiento ambiental con datos verificables. Se valida cada año con una actualización y cada 3 años de forma completa (cada 2 y 4 años, respectivamente, para pequeñas organizaciones según el art. 7 del Reglamento).

Sí. El art. 94 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público permite a los órganos de contratación exigir, como criterio de solvencia técnica, certificados de organismos independientes que acrediten el cumplimiento de normas de gestión ambiental como EMAS. Es una de las ventajas normativas más concretas frente a otras certificaciones voluntarias.

No existe una tarifa oficial única. Según la propia FAQ de MITECO, los honorarios del verificador los fija libremente cada entidad acreditada en función del tamaño y la complejidad de la organización, y la tasa de registro o renovación la fija cada organismo competente autonómico de forma independiente. Te ayudamos a estimar el esfuerzo real de tu caso y a confirmar la tasa vigente en tu comunidad autónoma antes de decidir.

EMAS no emite un certificado como una norma ISO: la organización obtiene la inscripción en el registro EMAS del organismo competente de su comunidad autónoma, con un número de registro, tras validar un verificador medioambiental acreditado su declaración ambiental. Esa inscripción es lo que se llama habitualmente certificado, certificación o distintivo EMAS.

En Castilla y León gestiona el trámite el Servicio de Evaluación Ambiental y resuelve la Dirección General de Política Ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. En Canarias tramita y resuelve la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía. En ambos casos el plazo de resolución es de tres meses, con silencio estimatorio, según sus sedes electrónicas.

Solo las organizaciones registradas y mientras su registro sea válido, siempre con su número de registro y según las especificaciones del Anexo V del Reglamento (CE) 1221/2009. No puede usarse en productos ni en sus envases (artículo 10).