Qué está midiendo la administración salmantina, y por dónde entra un proveedor
Salamanca es de las pocas provincias donde el grado de seguridad de sus administraciones no es una impresión: está auditado y publicado. El Consejo de Cuentas de Castilla y León fiscalizó la seguridad informática del Ayuntamiento de Salamanca correspondiente al ejercicio 2022 y le otorgó un índice de cumplimiento global del 79%, la mejor calificación entre las capitales de provincia auditadas hasta entonces —Ávila, Burgos, Palencia y Valladolid—, aunque un punto por debajo del 80% que se considera nivel mínimo de madurez.
El detalle importa más que la nota. El informe concluye literalmente que el Ayuntamiento «no ha aprobado la política de seguridad exigida por el esquema nacional de seguridad y por tanto no cuenta con una estructura de seguridad acorde a la normativa», y que quedaron sin finalizar las tareas de los artículos 11, 27.4, 34 y 41 del ENS, si bien existían ya borradores avanzados de política y de declaración de aplicabilidad y se había realizado el preceptivo análisis de riesgos.
Para una empresa que quiera trabajar con la administración salmantina, la frase decisiva del informe es otra: el Consejo recomienda al Alcalde impulsar «la inclusión sistemática en la contratación de los servicios informáticos de las cláusulas que permitan realizar un control de cómo se llevan a cabo los servicios y el uso y control de los privilegios de administración de acuerdo con lo especificado en el esquema nacional de seguridad». Traducido: la exigencia al proveedor no es un capricho del pliego, es una recomendación de fiscalización externa.
El mapa no se agota en la capital. En la provincia, los seguimientos del Consejo sobre Béjar y Ciudad Rodrigo situaban su cumplimiento en 2024 en el 20% y el 8% respectivamente, partiendo ambos del 5%. La Universidad de Salamanca declara en su política de seguridad el compromiso de implementar las medidas mínimas del ENS, con el RD 311/2022 entre su normativa de referencia. Y quien contrate con delegaciones de la Junta o con Sacyl trabaja además bajo el Decreto 22/2021 y el Decreto 14/2023 de la Gerencia Regional de Salud, normativa autonómica propia que se suma al ENS y que no aplica a los ayuntamientos.
Completan el censo de entidades salmantinas sujetas la Diputación de Salamanca y su organismo autónomo REGTSA, del que no consta política de seguridad publicada. Los datos anteriores corresponden a los últimos informes publicados; la situación de cada entidad puede haber cambiado desde entonces. En Summum acompañamos la adecuación al ENS; no certificamos ni auditamos.
Summum Calidad aborda la adecuación al ENS desde el enfoque propio del sistema de gestión de la seguridad de la información. El ENS estructura sus requisitos —73 medidas organizadas en tres marcos y 16 familias en el Anexo II del RD 311/2022, incluyendo las siete familias del marco operacional y la familia op.nub específica para servicios en la nube— sobre una lógica de gestión que es esencialmente el ciclo PDCA de la ISO 27001 aplicado al contexto de la Administración Pública española. Cuando una empresa de Salamanca ya trabaja con ISO 27001 o se plantea certificarse, la adecuación al ENS no es un segundo proyecto: es una extensión del mismo sistema de gestión con controles compartidos, documentación reutilizable y una sola revisión por la dirección que cubre los requisitos de ambas normas.
El punto de partida del ENS es siempre la categorización del sistema según el Anexo I del RD 311/2022: básico, medio o alto, según el impacto que un incidente de seguridad tendría sobre las cinco dimensiones CIDAT (confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad). La categoría determina el subconjunto de las 73 medidas del Anexo II que son obligatorias y la vía de conformidad que se exige: para categoría básica basta una declaración de conformidad autoevaluada según la CCN-STIC 809; para categoría media o alta se requiere certificación por una entidad de inspección acreditada por ENAC conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17065. Summum Calidad guía ese proceso en su totalidad —diagnóstico, implantación, documentación de evidencias y preparación para la auditoría externa—, sin emitir el certificado, que es competencia exclusiva de los terceros acreditados.